A pesar de la evidencia histórica demostrada en otros países y sufrida por el pueblo cubano; quienes gobiernan Cuba se empecinan en un modelo económico y político fallido en el que —a contrapelo de la filosofía marxista que supuestamente sustenta la ideología del partido único— se pretende acomodar las realidades a las ideas que ellos tienen sobre lo que es, o debe ser, la sociedad.  

No obstante la realidad es terca, y ninguna «marcha del pueblo combatiente» organizada bajo los conocidos mecanismos de compulsión social, podrá esconder que nuestra sociedad es cada vez más pobre, y eso es responsabilidad, en primer lugar, de quienes con sus políticas económicas han conducido a la profundización del subdesarrollo y la precarización de la vida de los cubanos. A ellos sería bueno recordarles que incluso en el antiguo Imperio Romano se le daba al pueblo «pan y circo». Cuando aún ofrecían el circo, pero no pudieron seguir dando el pan, se derrumbaron. En el caso cubano hemos tenido circo de sobra y el pan falta hace mucho rato.

Discurso oficial, ficciones y realidades

Los que dirigen el partido único gobernante y el gobierno, y los que tienen la responsabilidad de legislar, parecen empecinados en que las relaciones económicas y sociales se ajusten a una determinada visión ideológica, por demás fracasada. Continúan apegados a una serie de dogmas que lejos de contribuir al desarrollo de las fuerzas productivas, las frenan.

No importa que el presidente del país asevere que las recientes medidas restrictivas no están encauzadas contra las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y cooperativas no agropecuarias. La realidad es que sí se trata de un nuevo episodio en la cruzada contra el naciente y ya muy restringido sector privado de la economía, que les obliga a pagar los peajes de una relación desigual con entidades estatales que, ante su incapacidad, parece que únicamente pueden subsistir si asumen las posiciones de «captadores de rentas», típicas de instituciones extractivas que profundizan el subdesarrollo.

Cuando Deng Xiaoping hizo el conocido viaje al sur de China en 1992 —ya en el ocaso de su vida pero con poder en la sombra— para impulsar el proceso de reformas que parecía detenerse en medio de los debates entre diversos clanes políticos y los restos del maoísmo, dijo públicamente que «enriquecerse es glorioso». La burocracia cubana, en cambio, pretende que aceptemos que empobrecerse es glorioso y revolucionario, algo que, por cierto, no practican ellos ni sus descendientes.

Este ejemplo no significa que pretenda que a estas alturas copiemos los modelos chino y vietnamita. Soy partidario de la democracia y de las libertades en el marco de un estado de derecho, basado en el imperio de leyes justas. Ni China ni Vietnam han construido sociedades democráticas y mucho menos libres, pero es indudable que han mejorado el bienestar de sus respectivos pueblos. En Cuba, por el contrario, estamos asistiendo a un retroceso sistemático del nivel de bienestar de la población, que afronta una vida cada vez más precaria y empobrecida.

En nuestro país no se han producido reformas profundas y sistémicas. Los gobernantes se empecinan en mantener, a toda costa, el modelo de economía centralizada, aderezado con espacios de economía privada en los que se privilegia el «enchufe» con vínculos corruptos de diverso tipo, mientras la mayor parte de ellos se enfrenta a mecanismos de control asfixiante y ahora nuevamente a someterse a los peajes impuestos por el Estado rentista, convertido en intermediario obligatorio en los mercados mayoristas.

Desde el momento de su aprobación, en agosto de 2021, en medio del impacto de las protestas sociales del 11 y 12 de julio y de su consiguiente represión, las Mipymes nacieron con una serie de restricciones que en su momento señalé y critiqué. Entre ellas resalto: el mantenimiento de 112 actividades no permitidas; las limitaciones sobre su tamaño; la imposibilidad de que un socio de una de estas empresas lo sea de otras; la única forma permitida de «sociedad con responsabilidad limitada», que impiden la formación de sociedades anónimas que podrían constituir el embrión de un mercado de capitales; la exclusión de los cubanos residentes fuera del territorio nacional de la condición de «socios»; la obligación inicial de operar en el comercio exterior solo a través de empresas estatales; etc.

La Constitución de 2019 estableció que la propiedad «socialista de todo el pueblo» debía tener carácter dominante en la organización social del país, y le otorgó al Estado la representación del pueblo como propietario colectivo. Sin embargo, como he expresado en diversas oportunidades, esto no es más que una ficción, ya que el pueblo carece de los mecanismos democráticos que le permitan ejercer el control sobre la gestión de su supuesta propiedad. Así, se le ha dado carácter de teoría a una serie de identidades falsas, tales como que propiedad socialista es igual a propiedad estatal, y que socialismo es igual a economía estatizada.

El carácter «complementario» que la Constitución otorga a las empresas de propiedad «no estatal» demuestra que se pretende desconocer que el sector privado, por su mayor flexibilidad para enfrentar escenarios cambiantes, está mucho más preparado que el obsoleto y burocratizado sector estatal —al que tampoco se ha permitido actuar como verdaderas empresas— para convertirse en locomotora de la superación de la crisis y del largo camino hacia el desarrollo económico, frenado por décadas de decisiones económicas con marcado carácter voluntarista.

Sin embargo, lo que está detrás de los vaivenes pendulares que caracterizan a la política económica desde hace décadas, es la renuencia de la clase burocrática a ceder los más mínimos espacios de poder. Por eso entienden la función de regulación que debe tener todo Estado moderno, como reforzamiento de los mecanismos de control y discrecionalidad en la toma de decisiones. Mientras tanto, se deteriora aún más su credibilidad y se refuerza la sensación de incertidumbre que frena las necesarias inversiones que podrían provenir de fuentes privadas si existiera un adecuado clima para los negocios, que es una de las condiciones imprescindibles para intentar remontar la crisis.

Entre cifras aisladas y planes a lo «wishful thinking»

Apenas hemos conocido algunos datos de los informes de los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios ante la sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, así como algunos datos ofrecidos por el primer secretario del Comité Central del Partido único en la reciente sesión plenaria. A pesar de la importancia de las cifras para analizar el desempeño económico, no se ha informado aun el valor esperado de la variación del PIB en 2024, y no hay que ser un genio de la estadística para esperar un decrecimiento contundente de este indicador, que resume el nivel de la actividad económica de un país en un período de tiempo determinado.

Según la parte televisada de la intervención del ministro de Economía y Planificación, la exportación de bienes solo alcanzaría el 92% del plan de 2024; en tanto la de servicios, superaría solo el 1,6% de la magnitud planificada (101,6% respecto al plan). Están por debajo del plan de exportaciones en productos como el níquel + cobalto, ron, concentrado de plomo y zinc, azúcar (cuya producción está al nivel de los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX) y la langosta.

Se refirió al sobrecumplimiento en la exportación de servicios médicos (116% respecto al plan), pero mencionó incumplimientos de los sectores del turismo (76%) y las comunicaciones (84%). En el caso del turismo, señaló que la entrada de visitantes correspondió a un 72% de lo planificado.

Los ingresos por exportaciones de bienes y servicios estuvieron por debajo de lo planificado en 900 millones de dólares estadounidenses. La verdad es que conociendo la calidad de la planificación en Cuba, sería mucho más útil si se hubieran informado las cifras que permitan comparar el año 2024 con el 2023, en el que, por demás, se produjo una contracción del 1,9% en el PIB.

Se ha anunciado «con bombo y platillo» que el déficit fiscal fue de solo 90 mil millones de pesos, frente al presupuestado de 147 mil millones, lo que evitó realizar una emisión monetaria suplementaria de 57 mil millones que habría alimentado aún más la inflación pero, de cualquier manera, tal déficit es lo suficientemente grande como para que su monetización implique una inyección inflacionaria de circulante. Los ingresos se calculan en 384 mil millones y los gastos en 474 mil millones.

En la nota publicada en la página de la Presidencia de la República en Internet, se menciona que «la estructura del déficit se está trasladando hacia los gastos de capital (inversiones) lo cual como es lógico tienen ingresos futuros». Yo no sería tan optimista teniendo en cuenta la estructura de las inversiones estatales, en las que más de la tercera parte continúa dirigiéndose hacia las actividades inmobiliarias y hoteleras —entre enero y septiembre de 2024 recibieron el 37,1% de las inversiones— a pesar de que el sector muestra tasas de ocupación de entre 25 y 27%. No toda inversión tiene ingresos futuros. Las malas inversiones suelen producir pérdidas o no necesariamente producen ganancias.

Pero lo realmente alucinante son los «objetivos priorizados» del Plan de la economía para 2025. Comentaré brevemente tres de ellos. Uno es «seguir avanzando en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica con acciones que aporten a la reducción paulatina de los desequilibrios existentes»; sin embargo, jamás hemos conocido cuáles son las medidas que conforman dicho programa, si es que existe. ¿Puede hablarse de avances en la estabilización macroeconómica con incremento de 28,09% del índice interanual de precios al consumidor entre octubre de 2023 y el mismo mes de 2024 según cifras de la ONEI?

Vale la pena considerar que en Cuba, a diferencia de otros países, no se producen ajustes de salarios y pensiones a partir de la inflación, por lo que el incremento de los precios repercute de forma considerable en el deterioro del real poder adquisitivo de la población. ¿Pueden reconocerse avances en la estabilización macroeconómica con un déficit fiscal que representa el 23,44% de los ingresos y un 18,98% de los gastos del presupuesto? En realidad, la relación más importante a establecer sería la proporción entre el déficit y el PIB, pero aún no conocemos este último dato. ¿Pueden considerarse avances en la estabilización macroeconómica cuando aún el país carece de un mercado cambiario formal y existen tipos de cambio oficiales múltiples totalmente desvinculados de la realidad económica? Evidentemente no.

Los objetivos de incrementar los ingresos externos del país y la producción nacional no son más que ilusiones, pues no hemos conocido que exista un programa coherente de medidas que conduzca a su cumplimiento. Las medidas de control y asfixia sobre el sector privado; el mantenimiento de la centralización en las decisiones económicas; la obsolescencia y parálisis de la industria; los graves problemas del sector agropecuario; la no recuperación del turismo, y la ineficiencia que lastra a muchísimas empresas estatales son obstáculos que hacen irreales dichos objetivos, a menos que se decidan —con el coraje y la responsabilidad necesarios— a desmontar el modelo de economía centralizada que impide al país salir de la crisis.

De nuevo: el problema es el modelo

A estas alturas es necesario insistir en que el problema económico principal que tiene a Cuba sumida en una crisis estructural, profunda y devastadora, es el modelo de administración centralizada de la economía que existe desde hace más de seis décadas, y que quienes dirigen el país se empecinan en mantener. Todo ello a pesar de que la crisis se profundiza y al hecho de que la pobreza y las desigualdades alcanzan niveles alarmantes y más que evidentes, aunque no existan estudios públicos recientes que ofrezcan indicadores sobre tales temas sociales políticamente sensibles.

Sin embargo, el mal estado de las viviendas; los derrumbes frecuentes; la acumulación de basura en las ciudades; la existencia de ancianos que deambulan por las calles buscando alimentos en los basureros; la permanente lucha por la sobrevivencia; la imposibilidad de asegurar los bienes y servicios necesarios para la vida con los ingresos que se perciben por el trabajo o por las pensiones de la inmensa mayoría de la población; la dependencia de muchísimas familias respecto a las ayudas que reciben desde el exterior; la gravísima situación energética; entre otros graves problemas, son claros indicios de una sociedad que se empobrece hasta niveles de precariedad.

Claro está, nada de eso podrá modificarse si no se asume, de una vez y por todas, que el modelo económico en cuestión es empobrecedor y profundiza el subdesarrollo del país. Pero si a pesar de toda la evidencia histórica el mismo no ha sido cambiado, es porque la dirigencia se empecina en dicho modelo pues es precisamente el que le asegura a la clase burocrática el control sobre el poder.

La conclusión lógica derivada es que el modelo político que establece el sistema institucional también debe ser cambiado. Por ello, para enrumbar el camino a la superación de la crisis debemos ser capaces de asumir que necesitamos la democratización de nuestra sociedad y la creación de un sistema institucional con contrapesos suficientes, que evite la conformación de estructuras totalitarias y burocracias atornilladas al poder como si este fuera su derecho divino.